Alimentadores,  no colectivos

El Congreso Mexiquense aprobó por unanimidad la nueva Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de México, que contempla la regulación de mototaxis, donde se incorpora la figura de la videograbación como elemento de prueba en caso de ilícitos, avala la licencia de conducir para operador del servicio público desde los 18 años e incorpora el tema de la profesionalización de choferes.

El Presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transporte, Nazario Gutiérrez Martínez destacó que "el mototaxi debe entrar a la norma, disciplinarse con concesiones, además del seguro de viajero, el operador debe tener su licencia, esto es un tema que ninguna autoridad, con todo respeto, quería entrarle por lo complejo que era regularlo”.

Detalló que las autoridades municipales carecían de un ordenamiento legal en ese orden y "nosotros empatamos la ley con la federal".

Aclaró que se contempla que los mototaxis solo brinden servicio en las vías locales alimentadoras, además de que no pueden ser un mototaxi colectivo, pero luego de dos años de consenso se llegó a un acuerdo.

Asimismo, se constituye el Fideicomiso de Movilidad para Ciclistas y Transeúntes del Estado de México y destaca la necesidad de contar con una infraestructura vial ciclista inclusiva; también señala las disposiciones para otorgar concesiones de transporte, así como las obligaciones de quienes prestan servicios electrónicos de transporte privado, entre otras.

De acuerdo con el dictamen, integrado por 10 iniciativas de todas las bancadas, se implementará la videograbación en transportes como elemento de prueba en caso de ilícitos e incorporar el tema de la profesionalización de personas operarias. 

Otro punto es el de la prioridad al desplazamiento de las personas, particularmente de los grupos vulnerables, así como de bienes y mercancías, a fin de evitar siniestros para preservar el orden y la seguridad vial. 

Finalmente, esta ley puntualiza que el derecho humano a la movilidad implica la obligación del gobierno estatal y de los municipios de realizar acciones que tiendan a procurar su debido ejercicio en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad y contribuir al desarrollo sustentable del Estado.