No es la primera vez que lo señalamos —y probablemente no será la última—: es necesario reiterar que la discusión sobre movilidad en nuestro país no puede seguir evadiendo el fondo del problema. No solo está en debate la forma en que nos trasladamos; lo que verdaderamente está en juego es el modelo de país que queremos construir: uno donde la ley se respeta y se aplica de manera equitativa, o uno donde la innovación se utiliza como argumento para eludir responsabilidades.

La narrativa de la modernización ha querido simplificar el debate. Se nos dice que las plataformas representan el futuro y que el transporte concesionado pertenece al pasado. Pero la realidad es más compleja —y bastante más incómoda—.

Nadie está en contra de la tecnología. Lo que está en discusión es el uso de esa tecnología como mecanismo para competir en condiciones desiguales.

Plataformas como Uber y DiDi han consolidado su crecimiento bajo un esquema que les permite eludir obligaciones fundamentales, mientras miles de conductores operan sin certeza laboral, sin seguridad social y sujetos a reglas cambiantes. Llamarlos “socios” no cambia la naturaleza de la relación. Solo la disfraza.

Cuando una empresa controla tarifas, condiciones de operación y permanencia en el sistema, también debe asumir las responsabilidades que eso implica. Lo contrario no es innovación: es evasión.

Por otro lado, el transporte público concesionado no es resultado de la improvisación. Es una estructura que, durante décadas, ha garantizado la movilidad, cumpliendo un marco legal claro y obligaciones que no admiten margen de discrecionalidad.

Ese marco existe por una razón: el transporte de pasajeros, en su modalidad pública y concesionada, es una actividad estratégica, vinculada al interés social y sujeta a la rectoría del Estado mexicano.

Relajar esas condiciones, o permitir que se rodeen mediante esquemas tecnológicos, no solo afecta a un sector: debilita el principio mismo de legalidad. Pero hay un punto que el debate ha evitado tocar con la seriedad que merece: el papel del Estado. No basta con regular a las plataformas ni con exigir cumplimiento a los concesionarios. Las autoridades encargadas de regular la movilidad no pueden seguir llegando tarde a la innovación. Si el terreno de la movilidad también se juega en lo digital, entonces es su responsabilidad garantizar herramientas competitivas para quienes sí cumplen la ley.

Resulta insostenible que miles de transportistas mexicanos enfrenten el mercado en desventaja tecnológica, mientras las plataformas privadas consolidan su dominio sin contrapesos reales.

Y hay que decirlo con claridad: no es un tema nuevo, ni una preocupación reciente. Como se ha advertido desde este mismo espacio en editoriales de Preventiva Digital, el Estado mantiene una deuda histórica con el taxismo nacional y está incurriendo en una omisión grave al no construir una alternativa pública frente al avance de plataformas privadas.

Persistir en esa omisión no es neutral.

Tiene consecuencias.

Mientras la autoridad duda, el mercado se redefine sin reglas claras; mientras se posponen decisiones, se profundiza la desigualdad; y mientras no exista una estrategia tecnológica nacional, en los hechos se está cediendo el control de la movilidad a intereses que no responden al interés público.

No se trata de una advertencia retórica. Es una alerta.

Si el Estado no interviene con decisión, dejará de ser rector para convertirse en espectador. Y cuando eso ocurra, revertir el desorden no solo implica altos costos, sino conflictos políticos y profundas injusticias sociales.

Por ello, la discusión debe avanzar hacia una exigencia clara: el Estado debe impulsar —o en su caso desarrollar— una plataforma digital pública nacional, eficiente, transparente y competitiva, al servicio del transporte concesionado, los usuarios y el país.

Y más aún: existe una oportunidad concreta que no debería desperdiciarse. De cara a eventos internacionales como la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Estado podría dar un verdadero golpe de autoridad presentando una plataforma nacional de taxis concesionados, moderna, funcional y alineada con estándares globales de servicio.

Sería una señal clara de conducción, de capacidad institucional y de respaldo a un sector que ha sostenido la movilidad por décadas. Lo contrario —seguir destinando infraestructura pública, como zonas de ascenso y descenso en aeropuertos, para la operación preferente de plataformas transnacionales— no solo profundiza la desigualdad, sino que envía un mensaje de renuncia: el de un Estado que, pudiendo liderar, decide ceder.

Porque sin piso parejo, no hay competencia.

Hay desplazamiento.

Y cuando ese desplazamiento ocurre a costa de derechos laborales, de la economía de miles de familias y del cumplimiento de la ley, entonces el problema deja de ser sectorial y se convierte en un asunto de interés público.

El taxi concesionado no pide privilegios.

Exige reglas claras.

Exige herramientas para competir.

Y exige, sobre todo, que el Estado deje de observar desde la orilla y asuma, de una vez por todas, su papel. Porque si la autoridad no pone orden, otros ya lo están haciendo.

Y cuando eso ocurre, la movilidad deja de ser un derecho… para convertirse en un negocio sin reglas.