José Luis Medrano de Ruta 57, Carlos Montoya de Ruta 15, Arturo Maya de Ruta 57, Arturo Toscano en representación jurídica de los transportistas, Ignacio Hernández Morales representando Ruta 12, Ruta 91 y Ruta 84, Proyecto Los Culhuacanes,  Jonathan Malagón de Ruta 88, Edgar Anaya Ruta 88, Francisco Santos Moreno,  concesionario de Ruta 36, celebraron una rueda de prensa al exterior de SEMOVI.

Expuso su representante legal, que su interés es dar a conocer ante la opinión pública la situación que ha propiciado SEMOVI en contra de concesionarios y permisionarios de las rutas 88,15, 57, 91, 12, 84, 36 y 81.

El conflicto consiste en lo siguiente: la jefa de gobierno generó recursos públicos para la renovación del transporte para que cambiaran microbuses por unidades modernas por un monto de $450,000.00 por unidad. Este apoyo se iba a canalizar por medio de un fideicomiso llamado Fifintra.

Señaló Toscano, que los concesionarios acudieron al programa con sus requisitos y fueron beneficiarios de este recurso de forma individual, pero las autoridades dirigidas por Andrés Lajous, condicionaron este apoyo a agruparse en sociedades mercantiles para que pudieran ser objeto de dicho beneficio, cuando el programa inicial no está establecido así, y aquí comenzó el primer conflicto.

El artículo 9 de la Constitución establece el derecho a la libre asociación, y en este caso les impusieron que solamente era una empresa.

Segundo, al recibir esta orden o imposición por parte de la Secretaría, cada una de estas se dieron a la tarea de intentar organizarse en sociedades mercantiles, sin embargo la autoridad se adelantó a dichas organizaciones y recibió actas constitutivas por autodenominados representantes de los transportistas,  dejando fuera a un universo de más de 303 permisionarios, es ahí donde comienzan las empresas fantasmas que tenían un objetivo tomar los bonos y dirigirlos a estas empresas consentidas, solapadas y artificialmente hechas para desviar el recurso económico de los transportistas.

Las actas que tiene en poder Lajous no pueden ni podrán demostrar que los que los señores transportistas se encuentran  integrados como accionistas.

Es en estas actas es donde comienza el ilícito, se integran desde noviembre de 2022 y en ese momento le da la Facultad de fideicomiso para que otorgue recursos económicos a estas empresas fantasmas con los recursos de los legítimos transportistas, como es el caso para las Rutas 84, 91 y 12, esta empresa fantasma Autobuses Barrios Culhuacán, va y genera un contrato de compraventa en el Estado de Michoacán con una distribuidora de camiones de la marca Mercedes Benz y compra 73 camiones con un costo de $2,090,000.00 que por cierto el precio está sobreestimado ya que el precio en el mercado es de $1,800,000.00, por una cantidad total más menos de 158 millones de pesos, el enganche que se dio por hacer crédito consiste en 61 millones.

El origen de ese enganche se encontró en la extracción ilegal de los bonos de los transportistas que fueron dirigidos hacia esa empresa fantasma y que con esos bonos realizó la compra y desviación de fondos públicos.