Por años, cuando hablamos de soberanía nacional solemos pensar en las fronteras, en la política exterior o en la relación de México con otras naciones. Sin embargo, la soberanía es mucho más que eso. Es un principio que debe reflejarse en todos los ámbitos de la vida pública, incluyendo aquellos que forman parte de nuestra vida cotidiana. Durante su reciente mensaje en el Monumento a la Revolución, nuestra querida presidenta, Claudia Sheinbaum, fue clara al señalar que México es una nación soberana y que no acepta injerencias. El mensaje fue contundente y encontró eco en millones de mexicanas y mexicanos. Pero no en todas partes se escuchó con la misma atención, porque la soberanía no puede quedarse únicamente en el discurso; debe convertirse en una línea de acción y en una forma de gobierno. La presidenta fue enfática al recordar que México no acepta injerencias y que cualquier cooperación internacional debe realizarse con pleno respeto a las leyes mexicanas. Se trata de un principio fundamental para la construcción de un país libre, fuerte y con capacidad para decidir su propio destino. La lucha por la soberanía debe llegar a todos los rincones de la vida nacional. También al transporte público y a la movilidad. Hoy, una parte importante del transporte individual de pasajeros depende de plataformas digitales transnacionales que han logrado posicionarse en el mercado mexicano sin que el Estado haya desarrollado una alternativa nacional capaz de competir en igualdad de condiciones. Detrás de estas empresas existen intereses económicos extranjeros que obtienen ganancias de un servicio prestado en territorio mexicano y sostenido por el trabajo de miles de familias mexicanas. Esa realidad obliga a reflexionar si un sector tan importante para la movilidad nacional debe seguir dependiendo de decisiones corporativas tomadas fuera de nuestras fronteras o si ha llegado el momento de construir una verdadera soberanía tecnológica aplicada al transporte. Si coincidimos con nuestra querida presidenta en que toda cooperación internacional debe realizarse con respeto a las leyes mexicanas, entonces ese principio también debe aplicarse al sector movilidad. La soberanía implica que quienes participan en actividades económicas dentro del país respeten las normas, contribuyan al desarrollo nacional y actúen bajo las condiciones que establece el Estado mexicano. QUE LO ESCUCHEN BIEN EN TODOS LOS NIVELES DE GOBIERNO: LA SOBERANÍA NO ES ÚNICAMENTE UNA FRASE PARA LOS DISCURSOS. ES UNA LÍNEA DE ACCIÓN. ES UNA RESPONSABILIDAD DE GOBIERNO. Y debe retumbar en cada dependencia pública encargada de diseñar, implementar y supervisar las políticas que impactan la vida de millones de mexicanos. No se trata de perjudicar al usuario ni de frenar el avance tecnológico. Al contrario. Los usuarios merecen más opciones, mejor servicio, mayor seguridad y herramientas digitales eficientes. Lo que no resulta aceptable es que la modernización del transporte termine traduciéndose en dependencia tecnológica o en condiciones de competencia desigual para miles de familias que viven del transporte concesionado. Por ello, el debate no debe centrarse únicamente en las plataformas transnacionales. También es necesario reconocer una responsabilidad pendiente de las autoridades. Durante años se permitió que la innovación avanzara más rápido que las políticas públicas. Mientras las empresas tecnológicas construyeron herramientas que conectan oferta y demanda en tiempo real, el Estado mexicano no desarrolló una alternativa digital que fortaleciera al taxi concesionado y lo incorporara plenamente a la nueva realidad tecnológica. Es momento de corregir esa omisión. La soberanía en materia de movilidad requiere una visión moderna y de largo plazo. Requiere que los secretarios de movilidad de todo el país construyan acuerdos, compartan experiencias y avancen hacia la creación de una Plataforma Nacional del Taxi Concesionado, que permita a cualquier ciudadano solicitar un servicio seguro, regulado y tecnológicamente competitivo. Una plataforma mexicana para un servicio mexicano. También requiere que los legisladores actualicen el marco jurídico para facilitar la transformación digital del transporte concesionado, garantizar condiciones de competencia equitativas y establecer reglas claras para todos los participantes del sector. La discusión de fondo no es entre taxis y aplicaciones. La verdadera discusión es si México será capaz de aprovechar la tecnología fortaleciendo sus capacidades nacionales o si continuará dependiendo de decisiones corporativas tomadas fuera de nuestras fronteras. La presidenta ha dicho que México no acepta injerencias. Esa convicción debe retumbar en todas las esferas de gobierno. Debe escucharse en las oficinas donde se diseñan las políticas públicas, en los congresos donde se elaboran las leyes y en las instituciones encargadas de regular la movilidad. Porque la soberanía no solo se defiende en los discursos. También se construye en las calles, en la economía, en la tecnología y en las decisiones cotidianas de gobierno. La ruta está planteada. Como ha señalado nuestra querida presidenta, la soberanía de México no está en negociación. Ahora corresponde a todos los niveles de gobierno convertir ese principio en acciones concretas que fortalezcan la movilidad, protejan a las familias mexicanas y garanticen que la innovación tecnológica esté al servicio de la nación. Porque la soberanía no solo debe ser retórica. Debe ser una forma de gobierno. Y México la necesita.