Movilidad, diálogo y justicia social: una agenda pendiente para el transporte concesionado
Movilidad, diálogo y justicia social: una agenda pendiente para el transporte concesionado
Gonzalo López Abonza
Por años, el transporte concesionado de la Ciudad de México ha sido mucho más que un medio para trasladar personas. Detrás de cada taxi, autobús, corredor o servicio comunitario existen miles de familias que encuentran en esta actividad su principal fuente de ingresos y una forma de contribuir diariamente al funcionamiento de nuestra ciudad.
Sin embargo, también es cierto que los tiempos han cambiado. La movilidad enfrenta nuevos retos tecnológicos, económicos y sociales que obligan a replantear la relación entre autoridades, usuarios y prestadores del servicio. Hoy, más que nunca, se requiere una visión moderna, incluyente y responsable que permita construir soluciones compartidas.
En días recientes hemos sido testigos de un hecho positivo: la apertura de espacios de diálogo entre representantes del sector transporte, autoridades del Gobierno de la Ciudad de México y la dirigencia de Morena en la capital. Más allá de cualquier diferencia o punto de vista, estos encuentros representan una oportunidad para fortalecer la comunicación institucional y avanzar hacia acuerdos que beneficien a la ciudadanía.
Desde Preventiva hemos sostenido que las demandas del sector no deben analizarse únicamente desde una perspectiva económica o gremial. Se trata de una discusión que involucra movilidad, seguridad, desarrollo social, empleo y gobernabilidad.
Por ello, entre los temas que requieren atención destacan la modernización del taxi concesionado, el fortalecimiento tecnológico de la aplicación Mi Taxi, la simplificación administrativa de diversos trámites, la renovación vehicular mediante esquemas accesibles de financiamiento, el combate a la inseguridad y la extorsión que enfrentan operadores y concesionarios, así como la incorporación de miles de trabajadores del transporte a programas de bienestar y desarrollo social.
También resulta indispensable construir una política pública que permita al transporte concesionado competir en mejores condiciones frente a los nuevos modelos de movilidad digital, siempre privilegiando la calidad del servicio, la seguridad de los usuarios y el respeto al marco legal.
La transformación tecnológica no debe entenderse como una amenaza, sino como una oportunidad. La digitalización de los servicios, la electromovilidad, la profesionalización de los operadores y la innovación pueden convertirse en herramientas fundamentales para recuperar la confianza ciudadana y fortalecer la movilidad urbana.
De igual manera, resulta pertinente reconocer la importancia estratégica que tendrá el transporte concesionado durante los próximos años, particularmente ante eventos internacionales de gran magnitud como la Copa Mundial de Futbol. La experiencia territorial, la cobertura operativa y el conocimiento de la ciudad convierten a los transportistas en aliados naturales para enfrentar con éxito los desafíos de movilidad que acompañarán dichos acontecimientos.
Pero ninguna propuesta tendrá éxito si se pierde de vista al actor más importante de esta ecuación: el usuario.
Las y los ciudadanos demandan servicios seguros, accesibles, eficientes y modernos. Y tienen razón. Cualquier política pública destinada al fortalecimiento del transporte debe tener como propósito final mejorar la experiencia de movilidad de millones de personas que diariamente utilizan estos servicios para acudir a sus centros de trabajo, escuelas, hospitales o actividades cotidianas.
Por eso, hablar de justicia social para el transporte no significa pedir privilegios. Significa construir condiciones que permitan ofrecer mejores servicios, generar empleos dignos y fortalecer la movilidad de una ciudad cada vez más compleja.
La reciente disposición de Morena Ciudad de México para establecer mecanismos permanentes de comunicación con el sector, así como la voluntad mostrada por las autoridades de movilidad para escuchar propuestas y construir soluciones conjuntas, representan señales alentadoras que deben traducirse en resultados concretos.
La Ciudad de México necesita menos confrontación y más diálogo. Necesita menos descalificaciones y más propuestas. Necesita entender que la movilidad es una responsabilidad compartida donde gobierno, sociedad, usuarios y transportistas tienen algo que aportar.
Los grandes acuerdos siempre comienzan con una mesa de diálogo. Lo importante ahora será mantener la voluntad política para convertir las coincidencias en acciones y las demandas en soluciones.
Porque al final, cuando mejora la movilidad, gana la ciudad.
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