Armonizar la ley no basta

La iniciativa para reformar la Ley de Movilidad de la Ciudad de México constituye, sin duda, un avance relevante. Tras tres años de retraso, la capital busca finalmente armonizar su legislación con la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, incorporando principios como el Sistema Seguro, la movilidad activa, la accesibilidad universal, la movilidad del cuidado y la perspectiva de género.

Es un paso que merece reconocimiento. Sin embargo, una legislación adecuada, por sí sola, no transforma la realidad.

Durante décadas se han construido marcos jurídicos ejemplares mientras las calles muestran un escenario distinto: congestionamientos, transporte insuficiente, infraestructura deteriorada, inseguridad vial y modalidades que, en muchos casos, operan sin reglas claras.

La iniciativa privilegia la reducción de accidentes y la protección de peatones, ciclistas y motociclistas. Toda vida debe ser protegida. Pero la movilidad no se limita a la seguridad vial; comienza con un sistema de transporte público fuerte, moderno, suficiente y debidamente regulado.

La propia Ley General habla de garantizar el derecho a la movilidad. La legislación local debería establecer también cómo fortalecer a quienes hacen posible ese derecho todos los días: el transporte público concesionado.

La armonización legislativa constituye el primer paso. Aún queda pendiente el fortalecimiento del transporte público concesionado y la modernización integral del sistema de movilidad de la Ciudad de México.

En ese contexto, vale la pena reflexionar sobre los temas que permanecen pendientes. Siendo el transporte público concesionado uno de los pilares de la movilidad en la

capital, resulta indispensable incorporar una política pública integral para su fortalecimiento. Ello implica una política tarifaria objetiva, técnica y periódica; programas permanentes de financiamiento para la modernización y renovación del parque vehicular; una estrategia de transformación digital mediante una plataforma pública para el transporte concesionado; el fortalecimiento del servicio de taxi, colectivos, corredores y transporte de proximidad; así como acciones concretas para mejorar la competitividad, la sustentabilidad y la calidad del servicio.

El verdadero desafío no consiste únicamente en actualizar conceptos jurídicos, sino en traducirlos en políticas públicas con presupuesto, planeación y resultados medibles.

Una ley puede reformarse en un solo día. Transformar la movilidad de millones de personas exige voluntad política, diálogo con todos los sectores y la convicción de que el derecho a la movilidad también pasa por fortalecer a quienes lo hacen posible todos los días: el transporte público concesionado.