En el marco del Congreso Internacional de Transporte, la exposición de Hugo Flores sobre “La transición del sistema individual de pasajeros taxi” colocó sobre la mesa una verdad que durante años se ha querido ignorar: la Ciudad de México cuenta con una infraestructura de movilidad individual construida socialmente durante décadas y esa infraestructura se llama taxi concesionado.

No se trata únicamente de vehículos circulando. Detrás del sistema de taxi existen entre mil 200 y mil 500 bases y sitios estratégicamente distribuidos en las 16 alcaldías, espacios que fueron creados, cuidados y legitimados por los propios capitalinos. Son puntos de referencia urbana donde el usuario sabe que encontrará un servicio identificado, regulado y supervisado por la autoridad. Ahí radica la confianza.

La propuesta presentada por Hugo Flores es seria, moderna y viable. Reconoce que el Mundial de 2026 implicará un reto logístico sin precedentes para la movilidad de la capital y sostiene algo fundamental: el taxi concesionado sí tiene capacidad para responder a esa demanda si el gobierno decide fortalecerlo en lugar de abandonarlo.

GPS, botón de pánico, pagos electrónicos, profesionalización de operadores, trato incluyente y herramientas tecnológicas son parte de una ruta correcta. “Estamos listos para ser la cara amable y eficiente de la Ciudad de México ante el mundo”, expresó Flores. Y tiene razón. LAS UNIDADES CONCESIONADAS CUENTAN CON CROMÁTICA OFICIAL, IDENTIFICACIÓN VISIBLE Y REGISTRO ANTE LA AUTORIDAD. ESO SIGNIFICA CERTEZA PARA USUARIOS NACIONALES Y EXTRANJEROS. Pero la discusión no puede limitarse al evento mundialista. El debate real es qué modelo de movilidad quiere la ciudad para el futuro.

Distintas reuniones legislativas anticipan reformas profundas al marco normativo de movilidad. OJALÁ LOS DIPUTADOS ENTIENDAN QUE MODERNIZAR NO SIGNIFICA DESTRUIR AL TAXI CONCESIONADO para beneficiar a corporaciones transnacionales que encontraron en México un mercado sin regulación efectiva.

Hoy existen dos modelos prestando el mismo servicio de transporte de pasajeros: uno legal, sujeto a concesiones, obligaciones fiscales, controles administrativos y supervisión; y otro que, bajo el disfraz de “servicio privado”, opera con ventajas tecnológicas y una expansión prácticamente ilimitada.

LA LEY ES CLARA: NO PUEDE OTORGARSE UNA CONCESIÓN EN PERJUICIO DE OTRA. Cambiarle el nombre a la actividad no elimina el hecho de que se trata del mismo mercado. Mientras el taxi concesionado enfrenta restricciones territoriales y obligaciones regulatorias, miles de vehículos de plataforma cruzan diariamente del Estado de México a la capital y viceversa sin controles equivalentes.

La pregunta es elemental: ¿cuántos vehículos de plataforma circulan realmente en la ciudad? ¿Cuántas motocicletas operan transportando pasajeros? La respuesta es alarmante: el gobierno no lo sabe.

Muchos vehículos de plataforma no tienen identificación visible. En la práctica son indistinguibles de un automóvil particular. Eso dificulta la supervisión, genera competencia desigual, debilita la seguridad y complica verificar si realmente están registrados. El usuario tiene derecho a saber quién presta el servicio y bajo qué condiciones.

Por eso resulta indispensable avanzar hacia reglas de piso parejo: LÍMITES AL NÚMERO DE VEHÍCULOS DE PLATAFORMA, IDENTIFICACIÓN VISIBLE OBLIGATORIA, CONTROLES TERRITORIALES EFECTIVOS Y MECANISMOS REALES DE SUPERVISIÓN.

Al mismo tiempo, el gobierno debe apostar por repotencializar las bases de taxi existentes y convertirlas en nodos de electromovilidad con estaciones de carga para unidades eléctricas. La infraestructura ya existe; lo que falta es visión pública para aprovecharla.

Y junto con ello, la ciudad necesita una plataforma tecnológica nacional para el taxi concesionado. Esa es la herramienta que hace falta para conectar de manera segura, eficaz y permanente a usuarios y operadores, sin entregar el control de la movilidad a intereses privados extranjeros.

La discusión legislativa en materia de movilidad debe partir de una premisa elemental: modernizar el transporte no implica desplazar al taxi concesionado, sino fortalecerlo y actualizarlo.

Modernizar sí. Entregar la ciudad, no.