La presidenta Claudia Sheinbaum exhibió “un entramado de corrupción” sobre el tema de las tabletas electrónicas para taxistas durante el periodo en el que se desempeñó Miguel Ángel Mancera como jefe de gobierno, e indicó que no se había hecho pública porque el arbitraje internacional tiene prohibido difundir cualquier asunto relacionado, y añadió que el tribunal resolvió a favor del gobierno, asegurando que la cancelación fue legal y no hubo ninguna violación al tratado comercial. 

También recordó que durante su campaña para la jefatura de gobierno en 2018, los taxistas se quejaron del alto precio que debían pagar por las tabletas electrónicas en sustitución de los taxímetros, que llevaba un carácter obligatorio y se cuestionaban cómo se había elegido al proveedor sin consultarlos.

“Cuando llegamos al gobierno, nos dimos cuenta de que había muchas irregularidades de cómo se había asignado esta tableta, entonces la cancelamos en el marco de la ley porque además era la solicitud de los taxistas… Las personas que tenían una concesión junto con exfuncionarios públicos presentan un arbitraje internacional supuestamente con el tratado comercial con EU, porque supuestamente había empresas estadounidenses en esta asignación”.

Compartió que durante el juicio se hace público quién los llevó, con quién hablaron, a qué se comprometieron, qué diputados estuvieron involucrados. Recordemos que el periodo en el que estuvo Miguel Mancera como jefe de Gobierno comprendió de 2012 a 2018, y Héctor Serrano Cortés se desempeñaba como el secretario de Movilidad de la CDMX y fue quien impulsó dicho programa para que fueran reemplazados 140 mil taxímetros con el pretexto de modernizar el servicio y hacer frente a las recién llegadas aplicaciones.

Por su parte, La Secretaría de Economía en el comunicado número 25 correspondiente al 30 de marzo de 2026 señala que “El tribunal rechazó todas las reclamaciones presentadas en el caso Espíritu Santo Holdings, LP y L1bre Holding, LLC c. México”. 

“La Secretaría de Economía representó con éxito al Estado mexicano en el arbitraje iniciado en mayo del 2020 por Espíritu Santo Holdings LP (Espírito Santo) y L1bre Holding LLC (L1bre) en contra de México, conforme al TLCAN y ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo perteneciente al Banco Mundial. 

Espíritu Santo y L1bre (demandantes) alegaron que, entre 2016 y 2018, trataron de poner en marcha un proyecto de taxímetros digitales en la Ciudad de México. A su consideración, el proyecto fracasó por supuestos actos del Gobierno de la Ciudad de México e, inclusive, alegaron que las autoridades capitalinas buscaron apropiarse de la aparente tecnología para dicho proyecto. Con base en ello, las empresas demandantes reclamaron más de 2,100 millones de dólares en contra del país.

El 26 de marzo de 2026, el CIADI emitió el laudo final y rechazó todas las reclamaciones, y confirmó que las autoridades de la Ciudad de México no incumplieron con las obligaciones internacionales de México. Además, determinó que las empresas demandantes deberán pagar a favor del Estado mexicano montos por concepto de gastos y costos asociados al arbitraje.

En esencia, la mayoría del Tribunal concluyó que no existió evidencia que demostrara las reclamaciones de las demandantes “[e]n la medida en que no existen pruebas de que [México] haya “destruido” … la inversión de las Demandantes ... Más bien, dicho fracaso fue el resultado de sus propias acciones”.

El resultado de este arbitraje constituye un logro sumamente relevante para el Estado mexicano. Nuestro país fue representado por funcionarios de la Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional de la Subsecretaría de Comercio Exterior, con el apoyo de las firmas legales Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP y Tereposky & DeRose. 

Durante todo el procedimiento, la Secretaría de Economía contó con el apoyo institucional de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México y del Gobierno de la Ciudad de México.

El laudo se encuentra actualmente en proceso de revisión para identificar información susceptible de ser protegida. Una vez concluido ese proceso, el laudo será publicado en la página del CIADI, en la cual se puede consultar mayor información sobre el caso”.