La Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, dio la razón al Gobierno Federal y resolvió que los servicios de transporte por aplicación, como Uber, no cuentan con autorización oficial para operar en aeropuertos del país. El fallo implica la salida definitiva de la plataforma de esas zonas.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que "los servicios que se brindan a través de las empresas de aplicación no cuentan con autorización expedida por la Secretaría para prestar estos servicios de transportación". El pronunciamiento refuerza la exclusividad de los taxis y transportes autorizados.

Según el comunicado oficial, la empresa Uber había promovido un amparo tras los operativos de la Guardia Nacional en aeropuertos, pero el fallo de la Corte determinó que la suspensión otorgada por un juzgado no constituye autorización alguna.

• Uber y otras apps no podrán recoger ni dejar pasajeros en aeropuertos.

• La Guardia Nacional mantendrá los operativos de control en accesos y salidas.

• Las sanciones por incumplir seguirán vigentes bajo la Ley de Caminos y Autotransporte Federal.

Con la decisión, los usuarios deberán optar por taxis autorizados, servicios turísticos o autobuses regulados para sus traslados hacia o desde aeropuertos. Según la SICT, esto "garantiza la legalidad y evita prácticas desleales en el transporte público federal".

El fallo de la SCJN beneficia principalmente a los concesionarios de transporte formal, que ven en la medida una recuperación de su espacio operativo, mientras que los conductores asociados a aplicaciones enfrentan la pérdida de una fuente de ingresos clave.

¿CUÁNTOS PUNTOS/CENTROS DE CARGA SE REQUERIRÍAN?

• uso intensivo/público (fast chargers) y

• necesidad de puntos públicos para usuarios sin carga domiciliaria (neighborhood/public chargers). Estudios recientes muestran variabilidad grande en la relación EV/punto:

• •La IEA indica que la infraestructura pública debe crecer fuertemente para sostener adopción masiva; además, la carga doméstica cubrirá buena parte de la demanda de propietarios con cochera, pero un gran segmento sin cochera depende totalmente de la red pública. IEA

CÁLCULO (ESCENARIO 30% = 1.68 M VES):

• •Con el ratio medio (135 EVs/cargador): 1.680.000 / 135 ≈ 12.444 cargadores públicos. ScienceDirect

• •Con la mediana (23 EVs/cargador): 1.680.000 / 23 ≈ 73.043 cargadores públicos. ScienceDirect

• •SE REQUIERE UNA JERARQUÍA:

1. puntos rápidos de alta potencia (para taxis y flotas),

2. semirrápidos en aparcamientos/centros comerciales,

3. y puntos lentos en barrios y garajes compartidos. IEA+1

CARGA PARA UNIDADES DE USO INTENSIVO (taxis, apps, reparto):

• Estas unidades demandan carga en depósito + puntos de recarga rápida durante el día.

• Para una flota de, por ejemplo, 100.000 taxis/ride-hail en CDMX, se necesita una red de depósitos estratégicos con decenas a centenares de cargadores por depósito (según tamaño de parque y turnos). ScienceDirect+1

10 ACCIONES QUE DEBEN EVITARSE

1. Construir infraestructura sin plan de operación (muchos postes sin mantenimiento o sin modelos de negocio → infra subutilizada). The Guardian

2. Subvencionar indiscriminadamente vehículos particulares sin priorizar flotas o población sin acceso a movilidad. c40knowledgehub.org

3. Ignorar la necesidad de carga en depósitos para flotas (trampa común que frena taxis/transportes). World Bank

4. Permitir múltiples standards y plataformas de carga no interoperables. IEA

5. Desechar la planificación energética (no coordinar con el sistema eléctrico y generar picos). IEA

6. Apostar solo a la carga rápida urbana y olvidar la carga lenta nocturna en barrios (hace la red cara e ineficiente). ScienceDirect

7. Obviar aspectos sociales/laborales en la transición. Reuters

8. Dejar la gestión municipal sin datos abiertos ni KPIs (impide correcciones rápidas y evaluación). IEA

9. Incentivar VEs usados importados sin control técnico (riesgo de baterías degradadas y problemas ambientales). MDPI

10. Ignorar reciclaje y segunda vida de baterías (problema ambiental y pérdida de recurso). MDPI