Las convenciones no transforman por sí mismas la realidad. Lo hacen las decisiones que nacen de ellas. Por eso, el verdadero desafío de la Convención Metropolitana de Transporte y Movilidad no será reunir a especialistas, legisladores, autoridades o transportistas alrededor de una mesa. El verdadero reto comenzará cuando termine el diálogo y llegue el momento de convertir los acuerdos en políticas públicas capaces de mejorar la movilidad de millones de personas.

La realización de este ejercicio representa una oportunidad valiosa para abrir un espacio de reflexión sobre uno de los problemas más complejos que enfrenta la Zona Metropolitana del Valle de México. El simple hecho de convocar a los distintos actores del sector constituye un paso importante; sin embargo, la experiencia nos enseña que el éxito de estos encuentros no se mide por el número de participantes ni por la cantidad de mesas de trabajo instaladas, sino por la capacidad de de transformar las ideas en resultados concretos.

México tiene una larga tradición de foros, diagnósticos y encuentros que concluyen con buenas intenciones, pero cuyos acuerdos rara vez llegan a convertirse en acciones permanentes. La movilidad no necesita más documentos que permanezcan archivados. Necesita instituciones sólidas, mecanismos de seguimiento y decisiones que mejoren la vida cotidiana de millones de personas que cada día utilizan el transporte público para trabajar, estudiar o acceder a los servicios básicos.

Hoy el desafío es mucho mayor que hace apenas una década. La movilidad dejó de ser un asunto exclusivamente relacionado con calles, autobuses o infraestructura. Las ciudades más avanzadas del mundo hablan de gobernanza, interoperabilidad, digitalización, electromovilidad, accesibilidad universal, inteligencia artificial y planeación basada en datos. La pregunta ya no es únicamente cómo mover más personas, sino cómo construir sistemas de transporte más eficientes, seguros, sostenibles e incluyentes.

En ese contexto, la Zona Metropolitana del Valle de México enfrenta un reto adicional: gobernar una sola realidad urbana desde distintas instituciones y distintos órdenes de gobierno. Mientras millones de personas cruzan diariamente los límites entre la Ciudad de México y el Estado de México, las decisiones continúan fragmentadas. La movilidad metropolitana exige una visión compartida que supere las fronteras administrativas y privilegie el interés de los ciudadanos. Uno de los conceptos que debe ganar espacio en esta nueva etapa es el de gobernanza de la movilidad. Gobernanza significa que las decisiones no dependan exclusivamente de un gobierno o de una administración en turno, sino de la coordinación permanente entre autoridades, Poder Legislativo, transportistas, especialistas, universidades, iniciativa privada y ciudadanía. Ningún actor, por sí solo, podrá resolver un desafío de esta magnitud.

Por ello, una vez concluida la Convención, el siguiente paso debería ser la creación de un Consejo Metropolitano de Seguimiento para la Movilidad, encargado de dar continuidad a los acuerdos, evaluar avances y construir una agenda común que trascienda los periodos de gobierno. La continuidad institucional será tan importante como las propuestas que surjan de las mesas de trabajo.

De igual forma, resulta indispensable construir una Agenda Metropolitana de Movilidad 2026-2030, con objetivos claros, metas verificables e indicadores que permitan evaluar los resultados de las políticas públicas. La movilidad requiere planeación de largo plazo, sustentada en información confiable y en la participación permanente de todos los actores involucrados.

El transporte concesionado tiene mucho que aportar en este proceso. Su experiencia operativa, el conocimiento del territorio y el contacto cotidiano con millones de usuarios representan un activo que debe incorporarse a la construcción de soluciones. Hoy más que nunca, el sector tiene la oportunidad de consolidarse como un aliado estratégico en la transformación de la movilidad metropolitana. La Convención habrá cumplido su propósito si logra abrir el camino hacia una nueva forma de construir políticas públicas: más participativas, más técnicas y más cercanas a las necesidades reales de la población. De lo contrario, correrá el riesgo de convertirse en un esfuerzo más que no logre trascender la coyuntura. Porque la movilidad no se transforma con discursos, sino con instituciones; no se fortalece con eventos aislados, sino con acuerdos permanentes; y no se construye pensando en el siguiente proceso político, sino en las próximas generaciones. La Convención será recordada por lo que ocurra después de ella. Si logra construir instituciones, dar continuidad a los acuerdos y colocar la movilidad por encima de las coyunturas, habrá cumplido su propósito. Si no, será un foro más en la larga historia de buenas intenciones que nunca llegaron a convertirse en soluciones. La movilidad del siglo XXI no necesita más promesas; necesita continuidad.