Para miles de transportistas que circulan por Querétaro, el mayor peligro en la carretera 57 no termina con el accidente, empieza cuando llega la grúa. En los últimos dos años, las denuncias por cobros excesivos de empresas de arrastre se dispararon en las carreteras federales que cruzan el estado. El problema es nacional, pero la 57 México-Querétaro se volvió punto crítico por su alto tráfico de carga pesada. El 3 de mayo de 2024, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes publicó en el Diario Oficial el nuevo Reglamento de Servicios Auxiliares al Autotransporte Federal de Arrastre y Salvamento. El objetivo era poner orden: regular permisos, placas y tarifas de concesionarios de grúas, pero el propio titular de la SICT, Mtro. Jesús Antonio Esteva Medina, reconoció que “hay quienes no están respetando esas tarifas” y pidió denunciar ante la Dirección General de Autotransporte Federal. Los números lo confirman:. Transportistas han documentado cobros de hasta 150 mil pesos por solo 10 kilómetros de arrastre. El gremio transportista federal reportó un caso en Veracruz donde pedían 78 mil pesos a un “hombre camión”, cuando el tabulador oficial marcaba cerca de 19 mil 400 pesos. En autopistas federales, legisladores señalaron que los concesionarios cobran entre 200 mil y 250 mil pesos por sacar un tráiler de una rampa de emergencia, además de cargar “los daños a la rampa”.

La carretera 57 es el corazón logístico del país y atraviesa Querétaro de San Juan del Río a la capital. Operadores coinciden: los abusos se concentran en ese tramo y en los entronques con la 45. El patrón se repite. Sea avería o accidente, llega la grúa autorizada por Caminos y Puentes Federales, y el operador impone condiciones. Si el conductor se niega, la unidad queda retenida. “Para un hombre-camión, tener su unidad detenida es prácticamente la quiebra. Por eso se tuvo que pagar para liberar el vehículo”, explicó un representante del gremio transportista federal. A los cobros se suma la prepotencia. Conductores denuncian negativas a mostrar el tabulador, amenazas de corralón y trato agresivo. El gremio transportista federal detectó “inconsistencias” al comparar la Ley estatal con el reglamento federal, y pidió un marco “claro, justo y acorde con ambas leyes”. El C.P. Samuel Mena, delegado de Gobernación Federal en Querétaro, hace lo posible por llegar a una conciliación para obtener cobros justos en los servicios prestados por los concesionarios de arrastre y salvamento federal, pero pareciera que hacen caso omiso y siguen haciendo de las suyas. Se le ha expuesto también, que no emiten recibos ni facturas oficiales. Ante la presión del sector, la Guardia Nacional inició operativos de supervisión en carreteras federales de Querétaro Revisa que las grúas tengan permiso vigente, placas autorizadas y respeten el tabulador de la SICT. La dependencia también habilitó una página para que cualquier usuario calcule en tiempo real lo que debe pagar por arrastre y salvamento. Y advirtió que podría sancionar a empresas que incumplen. Legisladores advirtieron que la falta de homologación tarifaria a nivel nacional “permite que los concesionarios cobren cuotas excesivas y arbitrarias, y pone a los usuarios en un estado de absoluta indefensión”. Pidieron a la SICT fijar tarifas transparentes y castigar con multas e incluso retiro de concesiones a quien las altere y omitan entregar recibos o facturas oficiales. Otros legisladores fueron más directos: “la información sobre el costo del servicio de grúas es nula”. Querétaro refleja lo que pasa en el resto del país: hay reglamento nuevo, hay autoridad federal buscando conciliación, hay herramienta de denuncia, pero los abusos persisten por falta de vigilancia en carretera. La Guardia Nacional tiene ahora la tarea de frenar el abuso. Pero sin sanciones reales, sin tabuladores visibles en cada grúa y sin protección al transportista que se niega a pagar un exceso, el problema seguirá igual: el accidente se resuelve en minutos, el cobro abusivo dura horas y cuesta meses de trabajo. Como señaló el gremio transportista federal: “Nadie puede estar por encima de la ley estatal, ni mucho menos de la federal. Necesitamos reglas claras”. En la 57 queretana, urge que esas reglas se hagan valer.